Si usted y
su familia entraran a la sala de su casa y encontraran un elefante se harían
varias preguntas ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué va a pasar con él?, ¿Es un peligro? etc.
Si ignoraran al animal, no pasaría mucho tiempo antes de que éste comenzara a
causar problemas. No hablar de los elefantes
en una habitación es una expresión inglesa, para recalcar que a veces
olvidamos o ignoramos ciertos aspectos evidentes de un problema que son
fundamentales para su solución. Actualmente hay al menos tres elefantes de los
que no se ha hablado lo suficiente en las discusiones sobre el “sistema” de
transporte “público” en Guadalajara y que es necesario revisar para el éxito de
un nuevo sistema de movilidad en la ciudad.
Los
primeros dos elefantes indican que lo que llamamos sistema de transporte
público, ni es sistema, ni es público. El primer elefante es el más conocido
porque lo sufrimos diariamente: no hay sistema. Sabemos que la estructura del
transporte no está organizada en la ciudad, basta ver la falta de coordinación
entre unidades y rutas para cumplir con las frecuencias de paso y límites de
velocidad, y respetar las paradas y rutas autorizadas; no hay un sistema de transbordo
entre microbuses, tren ligero y macrobús para evitar pagar doble o triple
boleto, ni tampoco existe un sistema homologado de pago. El “sistema” actual de
rutas concesionadas, atomizadas a nivel de ruta y chofer-camión, no es más que
una red de grandes taxis colectivos de ruta fija, totalmente desarticulados.
Cada concesionario actúa para su beneficio y no para crear un sistema
eficiente.
El segundo
elefante indica que la estructura de transporte no es pública porque es un negocio privado
para los concesionarios o permisionarios. Es absurdo hablar de transporte
público porque en gran medida está privatizado y además ésta privatización es
poco transparente; por ejemplo sabemos que después de la privatización
telefónica Carlos Slim es el dueño de TELMEX, pero no sabemos quiénes, ni por
qué, ni bajo qué términos, tienen las concesiones de las rutas y unidades de
transporte colectivo en la ciudad. Si
el servicio se prestara de forma verdaderamente pública el objetivo del sistema no sería la utilidad, sino
garantizar que la población pueda acceder a un servicio básico, el transporte, con una buena cobertura
geográfica y de horarios para mejorar sus condiciones de vida (por cierto,
descanse en paz el Búho Nocturno). La empresa pública de transporte podría
funcionar cubriendo solamente los costos de operación o incluso ser subsidiado
como ocurre con los servicios de salud o educación pública donde pacientes y
alumnos no cubren el costo del servicio.
Es desafortunado
pretender que cada unidad y ruta sean viables económicamente como negocio, eso
dejaría a la población de muchas zonas de la ciudad sin la cobertura de éste
servicio, o haría el servicio más caro. El tercer elefante nos dice que subir
el costo del pasaje no es una solución, el costo del transporte colectivo es
muy alto en comparación con el costo de comprar un auto. Con autos cada vez más
eficientes y familias con necesidades de realizar muchos traslados por día (escuela, trabajo, compras
etc.) con cada centavo que aumenta el pasaje, el transporte colectivo e menos
competitivo como opción de transporte, se hunde más, pues es más fácil comprar
un auto, por el ahorro que se tiene al dejar de pagar los pasajes, lo que
propicia a su vez más tráfico y contaminación. La otra opción para que el
esquema actual sea una actividad económicamente atractiva para los concesionarios-permisionarios,
es entregarles un subsidio directamente para no subir los precios. Es decir
hablamos de dirigir dinero público para generar utilidades privadas, para
institucionalizar aún más un negocio donde históricamente no se han dado cuentas
ni se han cumplido con estándares de calidad. Ésta es una propuesta altamente
cuestionable en términos políticos y sociales.
Estamos
ante una falla del mercado de transporte que el gobierno necesita resolver. Las
empresas públicas surgen, precisamente por causas de utilidad pública, cuando los
empresarios no pueden proveer el servicio al nivel requerido porque no les es
negocio. Éste es el caso del transporte colectivo en Guadalajara. Si dar el
servicio no es negocio para los concesionarios y permisionarios, mejor harían
en devolver los permisos y concesiones para no perder más dinero, y crear
entonces un verdadero sistema público de transporte no enfocado en el negocio
privado sino en responder a las necesidades sociales de movilidad. Los tres
elefantes se balancean y amenazan con aplastar el “sistema” de transporte
colectivo y a los empresarios y políticos que se empeñan en ignorarlos y mantener
la situación actual mientras siguen permitiendo las muertes por accidentes y
contaminación en la ciudad.
Nuestra
legislación aún no incluye el derecho al transporte. No tenemos derecho a un
sistema de transporte verdaderamente público que nos permita llegar a nuestra
casa, centro de trabajo, de educación, de salud, de esparcimiento, etc. de una forma segura,
eficiente, competitiva, rápida, que no contamine y a un bajo costo. Contar con
un fundamento legal de éstas características sería una condición fundamental para construir un nuevo modelo de movilidad
que permita el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la población para
lograr una sociedad más eficiente y competitiva. En vista que el ejecutivo y
empresarios han fallado históricamente, ésta es una tarea pendiente para
nuestros legisladores: un paso inicial es equiparar el derecho al transporte
verdaderamente público, eficiente, competitivo y limpio al nivel del derecho a
la salud o educación.
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