El sistema actual de rutas individuales de
transporte urbano concesionado vive sus momentos finales. La innovación
tecnológica automotriz combinada con el caos y desarticulación del sistema de
transporte “público” los está sacando del mercado; a la menor oportunidad los
usuarios adquieren un automóvil contribuyendo al tráfico, la contaminación y el
calentamiento global. La coyuntura macroeconómica que orilló al país a
privatizar las rutas en los noventas concluyó, ahora vienen las asociadas a la
urgencia de reducir la contaminación urbana, el encarecimiento de los
combustibles y la mitigación del cambio climático: ¿Qué vamos a hacer?
Dada la importancia del tema vale la pena
hacer un paréntesis sobre la historia de las privatizaciones y las diferencias
entre las empresas públicas y privadas; así podremos identificar algunas de las
opciones que volverán al transporte colectivo más atractivo para los usuarios si
tomamos en serio los esfuerzos para reducir la contaminación y mitigar el
cambio climático.
He insistido en hablar de transporte
colectivo y no “público” porque existen rutas concesionadas a particulares para
quienes su operación es un negocio “privado”. Son dos las principales
diferencias entre las empresas públicas y privadas: la propiedad sobre la
infraestructura e ingresos, y la forma en que se cubren los costos.
En la empresa privada, el capital proviene
de inversionistas o créditos; los accionistas o propietarios son dueños de la
infraestructura, maquinaria y equipo así como de los ingresos generados por la
compañía. Los ingresos provienen de las ventas de los productos o servicios a
sus clientes. Una empresa privada siempre ofrecerá sus productos o servicios al
público a precios mayores que los costos, de otra forma tendría pérdidas y
desaparecería.
La empresa pública es propiedad de los
ciudadanos quienes son representados por los funcionarios que eligen periódicamente; son ellos quienes nombran,
evalúan y supervisan a los administradores de las empresas públicas. Estas
empresas también pueden cobrar por los bienes o servicios que generan pero a
diferencia de las privadas pueden recibir ingresos extra del gobierno para
subsidiar parcial o totalmente su operación.
Así las empresas públicas podrían tener dos
propósitos, siendo el primero generar utilidades con fines recaudatorios (p.e.
PEMEX) y el segundo ofrecer servicios o productos estratégicos gratis o a un
precio menor que su costo real para promover su disponibilidad y maximizar el
beneficio social (p.e. educación pública).
Para garantizar su continuidad, los
subsidios deberían estar ligados a flujos de recursos estables como los
impuestos y no a fuentes de ingreso temporal y variable como las ventas de petróleo
(que eventualmente se agotará), y mucho menos al déficit público pues la deuda sería
una bomba de tiempo.
Las crisis recurrentes de finales del siglo
pasado, devaluaciones, deuda externa,
los cambios en los mercados petroleros y las ineficiencias en la operación de
muchas empresas públicas obligaron al gobierno mexicano a adelgazar su
estructura y reducir su participación en la economía. En esta coyuntura, la venta (privatización)
de empresas y servicios en México en teoría siguió los principios económicos
neoliberales, dándole dinero al gobierno para afrontar sus obligaciones y quitándole
la responsabilidad de cubrir los costos de operación de estas empresas y la obligación
de invertir en renovación de flotillas, maquinaria, equipos e infraestructura.
De acuerdo con la teoría de mercado
neoliberal las empresas privadas generan mayores beneficios sociales en
comparación con las empresas públicas porque al competir las empresas ofrecen productos
y servicios de mejor calidad y menor precio para atraer más clientes. Así
muchas empresas privatizadas fueron “saneadas” y bajo el nuevo sistema de
administración privado más estricto y eficiente se volvieron altamente
productivas para sus nuevos dueños.
Pero la receta neoliberal no se siguió con
precisión: donde se debía crear competencia se evitó (p.e. telecomunicaciones);
donde esta no era deseable se creó una competencia intestina (p.e. transporte
urbano); se subsidiaron empresas privadas por medio de rescates (p.e.
carreteras, FOBAPROA); difícilmente se gravaron las nuevas utilidades privadas;
y no se crearon órganos de supervisión y regulación de las nuevas empresas
privatizadas para evitar prácticas monopólicas y garantizar niveles mínimos de
calidad.
El sistema de transporte colectivo es un
“monopolio natural” porque no solo es costoso para nuevas empresas entrar a este
mercado sino que esto les está prohibido a menos que el gobierno lo autorice.
En este caso la “competencia” entendida como muchos actores realizando la misma
actividad no reduce costos ni aumenta la calidad del servicio. Por economías de
escala es más fácil reducir los costos de operación y monitorear la calidad del
servicio si es una sola empresa la que opere el sistema de transporte bajo una
regulación estricta.
Cuando el estado reconoce ser incapaz para
invertir en infraestructura y operar eficientemente el sistema de transporte
público, la solución es licitar este monopolio natural por un periodo temporal
definido a una sola empresa (privada o mixta) para que opere el sistema de
transporte bajo una estricta regulación; contratos públicos y transparentes deben
mostrar los compromisos de la compañía en cuanto a niveles de calidad en el
servicio a ofrecer, desempeño, costo ofrecido al público e inversión, entre
otros. Si dichas condiciones no se cumplen se puede revocar la concesión,
además al final de su vigencia ésta puede pasar a otra empresa que ofrezca mejores
condiciones.
La privatización individualizada de rutas
urbanas le dio un respiro al gobierno cuando la deuda externa sofocaba al país,
pero ha demostrado ser ineficaz; el gobierno tiene ahora reservas históricas
que puede utilizar junto con el financiamiento internacional para la mitigación
del cambio climático para renovar los sistemas de transporte. Se puede eliminar
la contaminación y reducir el costo para los usuarios del transporte colectivo.
Para que los automovilistas usen el
transporte colectivo y dejen el auto en casa deberán aumentar los beneficios
asociados al transporte colectivo y aumentar los costos de usar el auto.
Para volver más eficiente el sistema de
transporte, este debería ser operado por una empresa única. Las rutas se
deberían modificar para crear un sistema ortogonal con posibilidad de transbordo
sin pagar doble pasaje; se deberán adquirir más unidades para transportar más
pasajeros.
Si queremos que el usuario pague menos por
el transporte, ¿Cómo se cubrirían los costos? Vale la pena analizar las
siguientes propuestas.
Primero, al aumentar la cobertura y número
de pasajeros y ser una sola empresa, se podrían tener ingresos importantes por
publicidad en las unidades, estaciones y parabuses; este flujo puede
incrementarse si el gasto en publicidad en transporte colectivo tuviera
incentivos fiscales para las empresas.
Segundo, el costo del combustible que cada
vez será más caro, puede eliminarse si todas las unidades son sustituidas por
unidades eléctricas (camiones, tranvías, trolebuses, tren ligero, metro) esto
reduciría inmediatamente la contaminación al dejar de quemar combustibles. El
gobierno estatal o el organismo operador del sistema de transporte pueden
construir sus propias plantas de energía renovable solar, eólica o mini
hidroeléctrica en el interior del estado u otras partes del país para
autoabastecerse de electricidad utilizando la red de la CFE.
Tercero, tanto la construcción de plantas
de energía renovable como la sustitución de vehículos de combustión interna
pueden recibir recursos económicos y en especie de los fondos y programas internacionales
para la mitigación del cambio climático.
Finalmente se puede crear un subsidio al
transporte colectivo que sea financiado por las ventas de gasolina y el cobro
de estacionamiento, así quienes generan un costo ambiental y social al conducir
un auto contaminante y congestionar las calles pagarían por ello ayudando a
contar con una alternativa limpia de transporte; este impuesto también podría
usarse para financiar rápidamente la construcción de ciclovías o cualquier
deuda que se contraiga para este fin.
A nivel mundial no hay estudios
concluyentes que indiquen que las empresas privadas sean siempre mejores que
las públicas o viceversa; otros factores como el nivel de competencia, la
honestidad y la efectividad gerencial afectan el desempeño de las empresas. La
conclusión es que hay buenos y malos administradores tanto en empresas públicas
como privadas. Lo que sí es cierto es que los accionistas de una empresa
privada pueden pedir cuentas –y despedir- a los administradores de sus empresas
mucho más fácilmente que lo que los ciudadanos lo podríamos hacer con los
directores de las empresas públicas. El nuevo contexto local y mundial nos
exige cambiar para reducir la contaminación; participemos más para pedir
cuentas de las acciones de las empresas y gobierno, crear los incentivos
adecuados y así mejorar nuestro entorno.
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